Los cinco del Caribe: la ciudadanía por inversión, comparada.

Qué ha cambiado en 2026.

La actividad normativa en la región se ha acelerado de forma clara. Esto es lo que se ha movido de verdad, a diferencia de lo que sigue siendo solo una propuesta.

Llega un requisito regional de presencia física, pero todavía no está en vigor. En la Eastern Caribbean Citizenship by Investment Regulatory Authority (ECCIRA), el organismo creado para armonizar la diligencia debida y los estándares de los cinco programas, los países miembros han acordado en principio un requisito de presencia física de 30 días. A fecha de la última revisión de esta guía, su aplicación no ha empezado y no hay fecha de inicio confirmada. Trata como prematura cualquier afirmación de que una estancia de 30 días «ya es obligatoria».

San Cristóbal y Nieves exige ahora el registro biométrico. Implantado desde finales de 2025, se aplica a todas las solicitudes en 2026. Los solicitantes deben completar el registro biométrico en un lugar designado (en la propia San Cristóbal o en centros asociados, entre ellos Dubái, Londres, Hong Kong y otros). Los titulares de pasaportes antiguos sin datos biométricos tienen un plazo para volver a registrarse; si no lo hacen, su pasaporte antiguo deja de ser válido.

Dominica avanza hacia la recogida presencial del pasaporte. Esto pondría fin al proceso totalmente a distancia del programa, que nunca había exigido viajar a la isla. No hay fecha de aplicación confirmada.

EE. UU. ha restringido parcialmente los visados para dos de los cinco países. Desde el 1 de enero de 2026, la expedición de visados estadounidenses está parcialmente restringida para los ciudadanos de Antigua y Barbuda y de Dominica. La restricción no afecta a quienes ya tienen visado ni a los viajes a esos dos países, solo a la entrada en EE. UU. de nuevos solicitantes de esas dos nacionalidades. Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía no se incluyeron.

El Reino Unido exige ahora visado a los nacionales de Santa Lucía. Desde el 5 de marzo de 2026, los titulares de pasaporte de Santa Lucía necesitan visado para visitar el Reino Unido, también para el tránsito aeroportuario. Dominica lo necesita desde 2023. San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda y Granada mantienen el acceso al Reino Unido sin visado.

Las entrevistas son ya la norma, no una opción, en los cinco programas. Los cinco entrevistan ya: Dominica y Antigua y Barbuda a partir de los 16 años, Granada a partir de los 17, y San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía al solicitante principal (a los dependientes solo si la unidad lo pide), normalmente a distancia.

Revisamos esta sección de forma continua. Si la decisión de un cliente depende de alguno de estos puntos, confirma la situación actual directamente con la CIU correspondiente antes de asesorar, porque los calendarios de aplicación ya han cambiado otras veces.

Qué países la ofrecen y cuáles no.

Hoy cinco países tienen un programa caribeño de ciudadanía por inversión:

• Antigua y Barbuda — desde 2013
• Dominica — desde 1993, el programa con más años de funcionamiento ininterrumpido de la región después del de San Cristóbal
• Granada — desde 2013
• San Cristóbal y Nieves — desde 1984, el primer programa moderno de CBI del mundo
• Santa Lucía — desde 2015, el más reciente de los cinco

Ningún otro país del Caribe ofrece hoy una vía directa de inversión hacia la ciudadanía. Barbados, por ejemplo, aparece a veces en las búsquedas junto a estos cinco, pero no tiene programa de CBI: su ciudadanía solo se obtiene por naturalización ordinaria tras una residencia continuada.

¿Habrá un sexto? San Vicente y las Granadinas.

Todavía no, pero es lo más cerca que ha estado un país nuevo en más de una década. El primer ministro Godwin Friday confirmó el plan en el discurso de presupuestos del Gobierno de febrero de 2026: San Vicente y las Granadinas tiene previsto lanzar su propio programa de ciudadanía por inversión a mediados de 2026, lo que lo convertiría en el sexto país caribeño con CBI.

Lo confirmado: un objetivo de lanzamiento a mediados de 2026; los ingresos irán a un vehículo de nueva creación y blindado por ley, el Saint Vincent and the Grenadines Investment Fund (SVGIF), y no a los ingresos generales del Estado; y el programa se está diseñando en torno a un requisito obligatorio de residencia o de «vínculo genuino», un alejamiento deliberado del modelo sin presencia exigida con el que funcionan hoy los otros cinco.

Lo que aún no está confirmado: el importe mínimo de inversión, las vías concretas que darán derecho (las indicaciones del Gobierno apuntan a una combinación de fondo nacional de desarrollo, inmuebles e inversión en infraestructuras, pero nada está cerrado) y los plazos de tramitación. Trata como no confirmada cualquier cifra concreta que se cite en otros sitios para este programa hasta que San Vicente publique su propia legislación.

Como contexto: la entrada de San Vicente llega en un momento de presión externa real sobre la región; tanto EE. UU. como la UE han expresado durante el último año su preocupación por los estándares de diligencia debida de la CBI caribeña, y esa es parte de la razón por la que los propios responsables de San Vicente han dejado claro que no será un programa de gran volumen y poco escrutinio como los de algunos de sus vecinos.

A quién le conviene de verdad cada programa

No existe un único programa caribeño de CBI «mejor», solo el que encaja con el tamaño de la familia, el presupuesto y las prioridades de viaje de cada inversor. Esta es la versión corta antes del detalle, una tarjeta por perfil.

El coste, según el perfil del solicitante.

Solicitante individual

Dominica es claramente el suelo para un solicitante individual. La cifra de referencia de Antigua está calculada para una unidad familiar (ver más abajo), así que un solicitante individual paga los mismos US$230.000 que cubren a una familia de cuatro: es a quien solicita solo a quien Antigua ofrece menos valor.

Familia de cuatro (solicitante principal, cónyuge y dos dependientes)

Antigua destaca para las familias: es el único programa en el que el precio de una familia de cuatro es inferior al precio para un solicitante individual de la mayoría de sus competidores.

Familias numerosas (6 o más)

La vía de donación al University of West Indies Fund de Antigua y Barbuda está pensada para esto: una contribución de US$260.000 da derecho a una familia de seis, y uno de sus miembros recibe además una beca de matrícula de un año en la UWI. Granada y Antigua y Barbuda aceptan como dependientes a hermanos solteros y Santa Lucía acepta hermanos menores de 18 años, algo que no hacen Dominica ni San Cristóbal; conviene señalarlo a los clientes que tengan hermanos dependientes. A partir de seis, cada dependiente adicional suele sumar US$25.000–US$50.000 según la edad en la mayoría de los programas; confirma las tasas por dependiente vigentes antes de dar un presupuesto a una familia numerosa, porque son las cifras con más probabilidades de haber cambiado desde la subida regional de precios de julio de 2024.

Ciudadanía por inversión en el Caribe: donación o inmuebles.

Antes de las cifras país por país: esta es la decisión que pesa más que la isla. Los cinco programas se reducen a la misma bifurcación: poner dinero sin recuperar nada, o ponerlo en un activo tangible con condiciones reales. Ninguna es objetivamente mejor; encajan con clientes distintos.

Santa Lucía complica este planteamiento de forma útil: su vía de bono del Estado queda entre las dos, US$300.000 inmovilizados cinco años y devueltos íntegramente, sin riesgo inmobiliario y sin rentabilidad por alquiler. Para un cliente que quiere recuperar su capital pero no quiere gestionar un inmueble, suele ser la tercera opción que mejor encaja y que ni la donación ni la vía inmobiliaria cubren.

Inmuebles, vía por vía.

Los cinco programas ofrecen una opción inmobiliaria aprobada por el Gobierno en lugar de una donación directa, útil para inversores que prefieren tener el capital ligado a un activo antes que hacer una contribución no reembolsable.

Dominica es, con mucha diferencia, la entrada inmobiliaria más barata de la región. San Cristóbal es la más cara, pero también la única que ofrece la propiedad plena de una vivienda privada en lugar de estructuras de participaciones hoteleras compartidas.

Santa Lucía merece aquí una mención aparte: es el único programa de la región que ofrece un bono del Estado reembolsable, US$300.000 inmovilizados cinco años y devueltos íntegramente, que funciona más como una fianza que como una inversión.

Proyectos inmobiliarios destacados aptos para la CBI

Una muestra de los proyectos aprobados por los Gobiernos con los que trabaja LGP en la región. Todos cuentan para la vía inmobiliaria de su programa; la disponibilidad y los precios cambian a medida que se venden unidades, así que confirma la situación actual antes de dar un presupuesto a un cliente.

Dominica

• Secret Bay — resort de lujo premiado en la costa oeste, considerado uno de los mejores hoteles del Caribe; participaciones disponibles desde el mínimo inmobiliario de la CBI.

• Jungle Bay Eco Villas — el alojamiento de Dominica mejor valorado en Trip Advisor; participaciones en villas disponibles desde el mínimo inmobiliario de la CBI.

Granada

• True Blue Beach Residences — estudios en plena propiedad, rentabilidad anual del 5 % o más, opción de recompra a 5 años.

• Silversands Residences — apartamentos y villas de lujo en plena propiedad en la playa de Grand Anse.
• Mount Cinnamon Resort — participaciones en suites de hotel, resort consolidado en primera línea de playa cerca de True Blue.

• InterContinental Grenada — participaciones hoteleras, apertura en 2025; más de 150 habitaciones e instalaciones para reuniones y negocios.

San Cristóbal y Nieves

• Four Seasons Resort Nevis — remodelación de lujo en varias fases; propiedad fraccionada o participaciones en el resort desde el mínimo de US$325.000 de titularidad compartida.
• Frigate Bay development — proyecto de resort de más de 400 habitaciones, San Cristóbal.

Antigua y Barbuda

• Moon Gate Penthouses — áticos de lujo en plena propiedad con programa de alquiler opcional que genera ingresos.

Santa Lucía

• Los proyectos aprobados actualmente son pocos; LGP mantiene una lista corta actualizada que se facilita a petición en lugar de una lista pública fija, porque la relación de proyectos aprobados de Santa Lucía cambia con más frecuencia que la de los otros cuatro.

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Plazos de tramitación, programa por programa.

Son plazos de aprobación desde una solicitud completa y bien presentada, no desde la primera consulta. La documentación incompleta o la diligencia debida reforzada (que se aplica a nacionalidades de mayor riesgo o a casos complejos de origen de fondos) alarga el plazo de cualquier programa, elija el cliente el que elija.

Ventajas fiscales y sus límites.

Los cinco programas comparten, a grandes rasgos, el mismo perfil fiscal para los ciudadanos que no pasan a ser residentes fiscales: ninguna obligación sobre la renta mundial, ningún impuesto sobre las ganancias de capital y ningún impuesto de sucesiones ni sobre el patrimonio ligado solo a la condición de ciudadano. La ventaja fiscal es realista e importante para quien se hace residente y se estructura en torno a ella, pero la ciudadanía en sí no es un hecho imponible: lo que determina lo que un cliente debe realmente y dónde es su situación de residencia y domicilio. Conviene decírselo claramente a los clientes: tener un pasaporte caribeño no cambia, por sí solo, una residencia fiscal que ya se tiene en otro país.

Presencia física: todavía no se exige.

Hoy ninguno de los cinco programas exige al solicitante vivir en el país para obtener o conservar la ciudadanía. Antigua y Barbuda es la excepción parcial: su ley de 2013 exige cinco días en el país durante los cinco primeros años, el Gobierno dice que en la práctica ya se aplican 30 días, y un proyecto de ley presentado el 14 de julio de 2026 llevaría los 30 días a la ley. Cuenta con 30 días por miembro de la familia; es una regla de visita, no un requisito de traslado.

Se espera que eso cambie. Como se explica en la sección de novedades de 2026, los Estados miembros de la ECCIRA han acordado en principio un requisito de presencia física de 30 días para los cinco programas. No se ha aplicado y no hay fecha de inicio confirmada a fecha de la última revisión de esta guía. A cualquier cliente que esté sopesando un argumento de venta de «sin requisito de residencia» frente a este cambio pendiente hay que decirle claramente que la norma probablemente llegará, aunque todavía no esté en vigor.

El visado E-2, el acceso real a EE. UU.

Es el mayor elemento diferenciador de la región y el que más preguntan los clientes.

Granada es el único país caribeño con CBI que tiene un tratado de visado de inversor E-2 con Estados Unidos. Los ciudadanos granadinos pueden solicitar el E-2, que da derecho a vivir y trabajar en EE. UU. mientras siga activa allí una inversión empresarial que cumpla los requisitos, renovable indefinidamente, aunque por sí mismo no lleva a la green card. Ninguno de los otros cuatro programas ofrece una vía equivalente.

Aparte: desde el 1 de enero de 2026, EE. UU. ha restringido parcialmente la expedición de visados para los ciudadanos de dos países caribeños con CBI, Antigua y Barbuda y Dominica, en virtud de una proclamación que no afecta a quienes ya tienen visado. Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía no se incluyeron en esa restricción. Es un ámbito político vivo y cambiante, y conviene señalarlo a cualquier cliente para el que viajar a EE. UU. sea una prioridad: cambia el cálculo de qué pasaporte da hoy el acceso más práctico a EE. UU., al margen de la cuestión del E-2.

El pasaporte más fuerte y el más barato.

No son el mismo programa, y conviene ser directo con los clientes sobre esa disyuntiva.

El más fuerte: San Cristóbal y Nieves. El programa más antiguo del mundo (1984) ha construido el historial más sólido con los Gobiernos extranjeros, y su pasaporte tiene el acceso sin visado más amplio de los cinco, incluidos destinos a los que no llegan algunos de los programas más recientes.

El más barato: Dominica. US$200.000 para un solicitante individual, sin ninguna otra vía de la región con un precio más bajo para una sola persona.

La diferencia entre ambos es real pero no enorme: US$50.000 para un solicitante individual y una diferencia modesta en alcance sin visado. Para la mayoría de los clientes, la decisión depende del tamaño de la familia y de las prioridades de acceso a EE. UU. mucho antes de que la fuerza del pasaporte sea el factor decisivo.

El índice Lincoln CBI Passport Power, en todo el mundo.

Todos los pasaportes de ciudadanía por inversión activos del mundo, no solo los cinco caribeños, ordenados por acceso sin visado. El Caribe sigue liderando con claridad: los cinco primeros puestos de esta lista, y el pasaporte más fuerte de todos, son de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Según nuestro recuento, hoy existen en el mundo trece programas de CBI activos; algunos rastreadores dan totales distintos según incluyan o no programas anunciados pero aún no lanzados, así que toma 13 como el mínimo verificado, no como un techo fijo.

Cada pasaporte enlazado tiene su propia página con la lista completa de destinos por región y tipo de acceso.

En preparación: todavía no activos

Hay tres programas más en desarrollo pero no operativos: Argentina y Botsuana, abajo, y San Vicente y las Granadinas, que tiene su propia sección más arriba. Quedan fuera de los 13 clasificados hasta su lanzamiento. Se incluyen aquí como referencia, no para comparar.

Trabajar con un agente, no a sus espaldas.

Todas las unidades caribeñas de CBI exigen que las solicitudes se presenten a través de un agente autorizado; ninguna de las cinco acepta solicitudes directas de los inversores. No es una formalidad: es un requisito legal recogido en la ley que regula cada programa.

Lo que hace realmente un agente: la evaluación inicial de elegibilidad, la preparación y certificación de los documentos, la relación con la CIU durante toda la tramitación, la coordinación de la entrevista obligatoria cuando corresponde y la presentación de la solicitud final en nombre del cliente.

Entrevistas. Los cinco programas exigen ya una entrevista: a todos los solicitantes a partir de los 16 años en Dominica y Antigua y Barbuda, a partir de los 17 en Granada, y al solicitante principal en San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, donde los dependientes solo se entrevistan si la unidad lo pide. Normalmente se hacen a distancia, por videollamada con la CIU correspondiente o su representante; no es un requisito presencial.

Cómo elegir agente o asesor. Busca autorización directa de la CIU en el programa concreto (no solo credenciales generales de inmigración), pertenencia al Investment Migration Council y experiencia en varios programas en lugar de un especialista en un solo país, porque la mayoría de los clientes acaban comparando al menos dos o tres antes de decidir.

Quién compra de verdad la ciudadanía caribeña

Los programas anteriores responden a «cuál». Esto responde a «por qué alguien haría esto», en los términos en que los propios clientes describen su situación. Cinco perfiles, sacados de las necesidades que más se repiten en este departamento.

Jubilarse en el Caribe: lo que necesitan saber los estadounidenses.

Esto tiene su propia sección porque el argumento de venta habitual de la CBI, renta mundial libre de impuestos, sin ganancias de capital, sin impuesto de sucesiones, no se aplica igual a un ciudadano estadounidense que a casi cualquier otra nacionalidad de esta página. No es un defecto de los programas; es un hecho de cómo funciona la legislación fiscal de EE. UU., y hay que decirlo claramente en lugar de pasarlo por alto.

Para las personas estadounidenses, la banca es fricción, no libertad. Las obligaciones de información de FATCA se aplican a cualquier entidad financiera extranjera que tenga la cuenta de una persona estadounidense, y muchos bancos caribeños limitan o rechazan las cuentas de personas estadounidenses precisamente por la carga de cumplimiento que esto genera, sin relación con el patrimonio o el carácter del cliente. Un estadounidense con un nuevo pasaporte caribeño no debe esperar que ese pasaporte por sí solo le abra las puertas de la banca caribeña; algunas entidades seguirán preguntando por su condición de persona estadounidense presente el pasaporte que presente.

Entonces, ¿por qué hacerlo? Para este perfil, el argumento no es fiscal, sino de estilo de vida y de estructura patrimonial:

• Una segunda residencia de verdad, no solo un documento. La vía inmobiliaria de la CBI permite que la inversión que da derecho y la vivienda de jubilación sean la misma, a diferencia de una donación directa.
• Sin obligación de trasladarse. Ninguno de los cinco programas exige a un jubilado estadounidense vivir allí todo el año; funciona igual de bien como base para una parte del año.
• De habla inglesa y con administración de tradición de la Commonwealth. Los cinco tienen el inglés como idioma oficial y sistemas jurídicos de origen británico, una transición bastante más fácil que la de la mayoría de los destinos de jubilación alternativos.
• Estabilidad monetaria. El dólar del Caribe Oriental está vinculado al dólar estadounidense desde 1976, lo que elimina el riesgo de cambio al presupuestar una jubilación.
• Un pasaporte también para el resto de la familia, útil si los hijos o los nietos pudieran quererlo más adelante, o si la diversificación política y económica le importa al cliente más allá de sí mismo.

Las conexiones aéreas, un factor diferenciador real para este perfil en concreto. A diferencia de los otros cuatro perfiles, para los que las rutas aéreas apenas cuentan, aquí suelen ser decisivas para un jubilado que elige entre islas. A fecha de la última revisión de esta guía: Antigua, San Cristóbal y Granada tienen vuelos directos o casi directos desde los grandes aeropuertos de EE. UU. (Miami, Nueva York, Atlanta); Santa Lucía tiene rutas directas de temporada con EE. UU.; Dominica no tiene actualmente vuelos directos a EE. UU. y suele conectar vía Antigua o San Juan, una consideración práctica real para un jubilado que piensa volver a EE. UU. con regularidad. Las rutas aéreas cambian según la temporada; confirma los horarios vigentes antes de que formen parte de una recomendación a un cliente.

Detalles sobre la propiedad inmobiliaria. Varias islas aplican una tasa de Alien Landholding Licence o equivalente a los compradores no ciudadanos fuera de la propia vía inmobiliaria de la CBI; dentro de la vía de la CBI suele quedar integrada en el proceso, pero conviene confirmarlo isla por isla antes de dar un presupuesto a un cliente estadounidense que también esté valorando una compra inmobiliaria ajena a la CBI junto a la solicitud de CBI o en lugar de ella.

País por país, una página para cada uno.

La comparación anterior responde a «qué programa». Estas cinco secciones responden a «cuéntamelo todo sobre este», para el cliente que ya ha elegido país y necesita la imagen completa en un solo lugar.

Antigua y Barbuda

Creado en 2013, el programa de ciudadanía por inversión de Antigua y Barbuda está construido en torno al valor para las familias: es el único programa de la región en el que una familia de cuatro cuesta lo mismo o menos que el precio para un solicitante individual de la mayoría de sus competidores. Las islas suman una población de unos 100.000 habitantes; Antigua concentra la gran mayoría y Barbuda está prácticamente intacta. El turismo genera alrededor de dos tercios de la economía.

Dependientes admitidos: cónyuge; hijos dependientes hasta los 30 años; padres y abuelos mayores de 55; hermanos solteros menores de 18; un futuro cónyuge o hijo puede añadirse después de obtener la ciudadanía pagando una tasa adicional.

Nacionalidades restringidas: los solicitantes de ciertas jurisdicciones de mayor riesgo afrontan restricciones adicionales o quedan excluidos directamente; la lista exacta cambia periódicamente y debe confirmarse con la CIU o con un agente autorizado en el momento de la solicitud, no citarse de memoria.

Presencia física: cinco días en el país en cinco años según la ley de 2013, el único requisito de mantenimiento en vigor hoy entre los cinco programas; el Gobierno dice que en la práctica se aplican 30 días, y un proyecto de ley de julio de 2026 convertiría los 30 días en ley.

Lista de documentos (estándar): partida de nacimiento, copia compulsada del pasaporte, seis fotografías de pasaporte recientes, justificante de domicilio, justificante del cambio de nombre si procede, certificado de matrimonio o divorcio si procede, historial de servicio militar si procede, títulos académicos de los solicitantes mayores de 18 años, carta de referencia profesional, certificados de antecedentes penales de cada país de residencia durante al menos un año en los últimos diez, y documentos de custodia o tutela cuando corresponda.

Dominica

El programa de Dominica, lanzado en 1993, es el segundo más antiguo de la región y el más asequible para un solicitante individual. Conocida como «la isla de la naturaleza» por su interior de selva tropical, sus cascadas y su buceo, Dominica ha concedido la ciudadanía a varios miles de inversores desde su creación y se cita con frecuencia entre los diez mejores destinos de buceo del mundo, algo que importa a una parte concreta de los inversores de la vía inmobiliaria.

Dependientes admitidos: cónyuge; hijos dependientes hasta los 30 años (las hijas solteras menores de 25 no necesitan estar estudiando); padres mayores de 65.

Nacionalidades restringidas: Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Yemen, Sudán, Rusia y el norte de Irak están restringidos actualmente; confírmalo antes de asesorar, porque esta lista ya ha cambiado y se aplica diligencia debida reforzada a varias jurisdicciones más.

Entrevista: obligatoria para los solicitantes de 16 años o más, introducida como medida de diligencia debida; normalmente a distancia.

Lista de documentos: formulario de declaración, formulario de huellas dactilares y fotografía, cuestionario y certificado médicos, partida de nacimiento, certificados de matrimonio o divorcio y documentos de cambio de nombre, antecedentes penales del país de nacimiento y de cada país de residencia durante más de seis meses en los últimos diez años, permiso de conducir y documentos de identidad, ocho fotografías de pasaporte, justificante de domicilio, títulos académicos, resultados de la prueba del VIH (a partir de 12 años), análisis rutinarios de sangre y orina, referencia profesional, carta de empleo o estados financieros, doce meses de extractos bancarios, declaración jurada notarial sobre el origen de los fondos y (cuando proceda) declaración jurada notarial de manutención de los dependientes adultos.

Granada

La ley de ciudadanía por inversión de Granada entró en vigor en 2013. Su rasgo definitorio es el único tratado de visado de inversor E-2 con Estados Unidos que tiene un país caribeño con CBI, un elemento diferenciador real y no un reclamo de marketing. Granada acoge además la St George's University, una facultad de medicina bien valorada, y los ciudadanos tienen allí un descuento importante en la matrícula.

Dependientes admitidos: cónyuge; hijos dependientes hasta los 30 años; padres y abuelos mayores de 55; hermanos solteros menores de 18. Granada es el único programa caribeño cuya ley de ciudadanía se extiende automáticamente a la tercera generación y siguientes.

Nacionalidades restringidas: Afganistán, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán y Sudán suelen estar restringidos. Llama la atención que, según la propia revisión del programa hecha por LGP, Granada no ha prohibido a los nacionales rusos presentar solicitud, una diferencia con los otros cuatro programas que conviene confirmar que sigue vigente antes de repetírsela a un cliente.

Entrevista: obligatoria para los solicitantes de 17 años o más.

Lista de documentos: el conjunto estándar habitual en la región (partida de nacimiento, pasaporte compulsado, certificado de antecedentes penales, reconocimiento médico, acreditación de fondos, fotografías); la CBI Unit de Granada publica la lista definitiva vigente, confírmala directamente con ella en lugar de suponer que es igual a la de los otros cuatro programas.

San Cristóbal y Nieves

Lanzado en 1984, el de San Cristóbal y Nieves es el programa caribeño de CBI original y, en su momento álgido, este sector llegó a representar alrededor de una cuarta parte del PIB del país. Se han expedido más de 20.000 pasaportes desde su creación. El país exige ahora el registro biométrico (ver las novedades de 2026 más arriba), un paso hacia el tipo de estándares que suelen asociarse a los procesos de naturalización de la UE y de EE. UU.

Dependientes admitidos: cónyuge; hijos e hijastros menores de 18 años, o hasta los 30 si cursan estudios superiores a tiempo completo o dependen económicamente; padres y abuelos mayores de 55 que vivan con el solicitante principal y estén a su cargo; un hijo adulto con discapacidad física o mental. Los dependientes pueden añadirse en cualquier momento después de que el solicitante principal obtenga la ciudadanía, no solo en la solicitud inicial, algo poco habitual entre los cinco.

Nacionalidades restringidas: Rusia, Bielorrusia, Irán, Irak, Afganistán, Corea del Norte y Cuba están excluidos actualmente, sea cual sea el país de residencia actual.

Entrevista: obligatoria, presencial o virtual en un consulado o una embajada de San Cristóbal y Nieves.

Lista de documentos: formularios de solicitud C1–C3, partida de nacimiento, copias del documento nacional de identidad y del pasaporte, prueba del VIH (a partir de 12 años), certificado de antecedentes penales, seis fotografías recientes, justificante de domicilio, carta de empleo, licencia de actividad o documentos de constitución de la empresa si procede, documentación de matrimonio o divorcio, declaración y declaración jurada sobre el origen de los fondos, declaración jurada de manutención de los dependientes de 18 a 30 años, títulos universitarios si procede, poder notarial limitado y justificante del registro biométrico.

Santa Lucía

El más reciente de los cinco programas, lanzado en 2015, Santa Lucía se distingue por la gama más amplia de vías de inversión de la región, incluida la única opción de bono del Estado reembolsable. La isla es conocida sobre todo por los dos Pitons volcánicos y por un sector de turismo de lujo muy desarrollado.

Dependientes admitidos: cónyuge; hijos dependientes hasta los 30 años; padres y abuelos mayores de 55; hermanos solteros menores de 18.

Nacionalidades restringidas: los nacionales rusos y bielorrusos tienen prohibido actualmente presentar solicitud.

Entrevista: se aplica un proceso obligatorio de entrevista y verificación de identidad a las solicitudes presentadas a partir de una fecha determinada; confirma la situación actual directamente, porque los requisitos de Santa Lucía han cambiado más de una vez.

Lista de documentos: partida de nacimiento, copia compulsada del pasaporte, seis fotografías recientes, justificante de domicilio, documentación del cambio de nombre si procede, documento nacional de identidad si procede, certificado de matrimonio o divorcio si procede, historial de servicio militar si procede, declaración jurada del cónyuge o excónyuge sobre los hijos cuando corresponda, declaración jurada de manutención de los dependientes, títulos académicos, carta de referencia profesional, certificados de antecedentes penales de cada país de residencia durante al menos un año en los últimos diez, y documentos de custodia o tutela cuando corresponda.

La comparación completa, lado a lado.

Las cifras reflejan los mínimos de los fondos públicos y de la vía inmobiliaria estándar a fecha de la última revisión de esta guía y no incluyen las tasas de tramitación, de diligencia debida ni de pasaporte, que suelen sumar US$10.000–US$25.000 según el tamaño de la familia y el programa. Los cinco programas exigen un agente autorizado; ninguna unidad caribeña de CBI acepta solicitudes directas. Se ha acordado en principio en la ECCIRA un requisito regional de presencia física de 30 días, pero todavía no está en vigor en ninguno de los cinco.

Preguntas frecuentes, respuestas claras.